Cerca de 600 armas blancas de fabricación artesanal, 152 teléfonos móviles y 55 cargadores con puerto USB fueron incautados el pasado mes en las Unidades Penales de la región de Valparaíso. Los elementos fueron requisados gracias a los constantes procedimientos efectuados al interior de las cárceles por personal de Gendarmería. Además de los allanamientos a las dependencias habitadas por la población penal y espacios comunes, Gendarmería logró requisar una serie de elementos prohibidos mediante la revisión de las encomiendas. Fue en el Centro de Detención Preventiva de Quillota donde, durante la revisión de una encomienda, se logró decomisar once teléfonos móviles, ocho cargadores, tres cables USB, dos chips y drogas de diverso tipo. De lo sucedido se informó al Ministerio Público, desde donde se ordenó realizar el procedimiento respectivo.
No solo el temporal fue de lluvia en La Calera y en el gobierno regional, sino que además desde muy temprano personal de la policía de investigaciones llegó hasta el municipio donde se realizó un allanamiento. Operación que se repetía en las oficinas de la Seremi de Vivienda y del Serviu, además del gobierno regional. Todo ello, en el contexto del caso Convenios. Incluso, durante este masivo operativo, se ordenó la incautación de dispositivos tecnológicos, entre ellos, el teléfono celular del gobernador Rodrigo Mundaca, del alcalde Piraíno y otros directores. Desde diciembre a la fecha, cuando la investigación fue asignada por la Fiscalía Nacional al Fiscal Regional de Aysén, se han efectuado numerosas diligencias investigativas en las regiones de Ñuble, Biobío y Magallanes y la Antártica Chilena, sumado ahora a Valparaíso y la Región Metropolitana. Las indagatorias que dirige el Ministerio Público, incluyen a detectives de la Fuerza de Tarea que la PDI creó especialmente para esta causa, con oficiales policiales de la Brigada Anticorrupción Metropolitana, Bridec Metropolitana y de las regiones en que se están llevando a cabo las diligencias, sumado a peritos de Laboratorio de Criminalística Central y el equipo de profesionales de la Fiscalía de Alta Complejidad de Aysén. Desde que comenzaron las diligencias, las instituciones implicadas ha aportado con todos los antecedentes para dar debido cumplimiento a lo que resulte necesario, siendo facilitadores en este proceso investigativo quedando a disposición a fin de lograr el completo esclarecimiento de los hechos. Respecto de las cifras involucradas en esta investigación, como parte de los distintos convenios asignados a ProCultura en Chile, ascienden aproximadamente a 6 mil millones de pesos.
Cerca de 600 armas blancas de fabricación artesanal, 152 teléfonos móviles y 55 cargadores con puerto USB fueron incautados el pasado mes en las Unidades Penales de la región de Valparaíso. Los elementos fueron requisados gracias a los constantes procedimientos efectuados al interior de las cárceles por personal de Gendarmería. Además de los allanamientos a las dependencias habitadas por la población penal y espacios comunes, Gendarmería logró requisar una serie de elementos prohibidos mediante la revisión de las encomiendas. Fue en el Centro de Detención Preventiva de Quillota donde, durante la revisión de una encomienda, se logró decomisar once teléfonos móviles, ocho cargadores, tres cables USB, dos chips y drogas de diverso tipo. De lo sucedido se informó al Ministerio Público, desde donde se ordenó realizar el procedimiento respectivo.
No solo el temporal fue de lluvia en La Calera y en el gobierno regional, sino que además desde muy temprano personal de la policía de investigaciones llegó hasta el municipio donde se realizó un allanamiento. Operación que se repetía en las oficinas de la Seremi de Vivienda y del Serviu, además del gobierno regional. Todo ello, en el contexto del caso Convenios. Incluso, durante este masivo operativo, se ordenó la incautación de dispositivos tecnológicos, entre ellos, el teléfono celular del gobernador Rodrigo Mundaca, del alcalde Piraíno y otros directores. Desde diciembre a la fecha, cuando la investigación fue asignada por la Fiscalía Nacional al Fiscal Regional de Aysén, se han efectuado numerosas diligencias investigativas en las regiones de Ñuble, Biobío y Magallanes y la Antártica Chilena, sumado ahora a Valparaíso y la Región Metropolitana. Las indagatorias que dirige el Ministerio Público, incluyen a detectives de la Fuerza de Tarea que la PDI creó especialmente para esta causa, con oficiales policiales de la Brigada Anticorrupción Metropolitana, Bridec Metropolitana y de las regiones en que se están llevando a cabo las diligencias, sumado a peritos de Laboratorio de Criminalística Central y el equipo de profesionales de la Fiscalía de Alta Complejidad de Aysén. Desde que comenzaron las diligencias, las instituciones implicadas ha aportado con todos los antecedentes para dar debido cumplimiento a lo que resulte necesario, siendo facilitadores en este proceso investigativo quedando a disposición a fin de lograr el completo esclarecimiento de los hechos. Respecto de las cifras involucradas en esta investigación, como parte de los distintos convenios asignados a ProCultura en Chile, ascienden aproximadamente a 6 mil millones de pesos.