El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha formulado dos cargos graves contra Codelco, titular de los proyectos “Mansa Mina”, “Modificación Mina Ministro Hales” y “Optimización de procesamiento División Ministro Hales”, asociados a la División Ministro Hales, ubicada en camino a Chuquicamata, comuna de Calama. Los cargos se derivan de la constatación de que la minera no ejecutó medidas ambientales relacionadas con el tranque Talabre. Estos proyectos incluyen la explotación del yacimiento de la División Ministro Hales, cuyos relaves, junto con los generados por la División Chuquicamata y la División Radomiro Tomic, se depositan en el tranque Talabre. La denuncia ciudadana de 2023 indicó que desde 2019, el tranque ha generado infiltraciones que podrían estar contaminando el acuífero del Río Loa y afectando el acuífero protegido de Yalquincha en Calama. La SMA llevó a cabo una fiscalización en mayo de 2017 y un examen de información en junio de 2023. Los cargos se basan en dos infracciones graves: No Implementación de Plan de Contingencias: La empresa no validó ni ejecutó un plan para controlar la alteración progresiva de los recursos hídricos subterráneos. Depositación de Relaves: La minera realizó depositaciones de relaves sin alcanzar el límite inferior fijado para el porcentaje de sólidos desde 2017 hasta 2024. Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente, destacó que “la labor de la Superintendencia es fiscalizar e impulsar el cumplimiento ambiental. Las empresas deben adoptar las condiciones, normas y medidas establecidas en los permisos ambientales” . Codelco enfrenta multas de hasta 5.000 UTA por cada infracción grave, con un riesgo total de hasta 10.000 UTA, equivalente a más de $7.908 millones. La empresa tiene 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 15 días hábiles para formular sus Descargos. Codelco respondió a la formulación de cargos, afirmando que “recibimos con total seriedad y asignamos la mayor relevancia a la presentación de la Superintendencia del Medioambiente” . La minera se comprometió a analizar los antecedentes detalladamente y a cumplir con las exigencias de la autoridad y las expectativas de la comunidad. Además, reafirmó su compromiso de desarrollar una minería responsable con el medioambiente y de corregir cualquier brecha identificada.
La minera estadounidense Freeport-McMoRan ha dado a conocer un ambicioso plan de expansión para su operación en Chile, específicamente en el yacimiento de Minera El Abra, ubicado a 76 kilómetros al noroeste de Calama. En colaboración con Codelco, la compañía planea invertir la notable suma de 7.500 millones de dólares con el objetivo principal de extender la vida útil de este importante yacimiento cuprífero. Según lo reportado por el diario La Tercera, este proyecto se convertiría en la mayor inversión en el rubro minero en Chile después de la fase 2 de Quebrada Blanca. La inversión incluirá la construcción de una planta concentradora, una planta desaladora de agua de mar y un sistema de impulsión de agua desalada, componentes cruciales para la operación y sostenibilidad del proyecto. Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan Chile, ha señalado que están en proceso de preparar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual planean ingresar a fines de 2025. El tiempo estimado para obtener los permisos correspondientes y completar la construcción se proyecta entre siete y ocho años, anticipando que las operaciones podrían comenzar en 2033. El proyecto de expansión tiene como objetivo aumentar significativamente la producción de cobre, pasando de las actuales 98 mil toneladas anuales a 340 mil toneladas, lo que representa un incremento notable en la capacidad productiva de Minera El Abra. Freeport-McMoRan posee el 51% de la propiedad de la minera, mientras que el 49% restante pertenece a Codelco, con quien mantienen una relación de colaboración fluida. Según indicaciones de La Tercera, esta asociación ha sido fortalecida en los últimos meses, lo que facilitaría el avance y la implementación de este megaproyecto. A través de redes sociales, el presidente Gabriel Boric, también se ha pronunciado respecto a esta inversión, destacando la importancia de la relación entre Freeport-McMoRan, Codelco y el gobierno, así como el compromiso con las comunidades y el medio ambiente. La empresa Freeport McMoran, socia de nuestra CODELCO anuncia inversión de 7.500 millones de dólares en Chile, valoran relación con el gobierno y destacan importancia de relación con las comunidades y el entorno. Y algunos todavía insisten en que no nos importa el crecimiento.… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 24, 2024
En una pacífica, pero masiva marcha, pequeños mineros de distintas partes del país llegaron a Santiago para manifestar su total repudio a la posible venta de ENAMI a Codelco, su participación del 10% de Quebrada Blanca. En esta convocatoria nacional participaron asociaciones, sindicatos y trabajadores de la Región de Valparaíso, que incluyeron a Minera Cerro Negro, y las Asociaciones de Pequeños Mineros de San Felipe, Catemu, Cabildo y Petorca. El gremio se reunió con sus pares de Salamanca, Vallenar, Combarbalá, Illapel, Tal Tal, Chañaral, quienes en bloque marcharon a La Moneda en compañía de Jorge Riesco, presidente de la SONAMI, Sociedad Nacional de Minería, quien entregó una carta al Presidente Gabriel Boric, manifestando su rechazo. Maritza Baeza, gerente de Operaciones y Sustentabilidad de Minera Cerro Negro, manifestó su preocupación por lo que podría ocurrir si se concreta esta operación. “Estamos preocupados por las consecuencias que esto podría tener, porque la pequeña minería está perdiendo fuerza con este tipo de accionar, y la idea es lo contrario, fortalecer las bases de la pequeña minería. Es por eso que, desde las provincias mineras de la región de Valparaíso, estamos hoy para manifestar nuestro rechazo a la venta de Quebrada Blanca”, explicó Baeza. En la Plaza de la Constitución se realizó la arenga por parte del presidente de la SONAMI, antes de entregar la carta al presidente. “No vamos a dejar que se siga desmantelando a Enami porque con eso se desmantela la minería. Queremos respuestas para la minería y para el futuro. Queremos que a los pequeños mineros se los deje trabajar”, dijo Riesco. El conflicto podría agravarse si se concreta la venta, con lo cual los mineros expresaron que “se vendrían movilizaciones sociales importantes”. “Las autoridades como la ministra Williams debe tener claridad de lo que podría pasar, entendiendo el contexto social. Se viene el Día de la Minería en agosto, y de concretarse este negocio, el llamado es a no celebrar y estar de luto”, expresó la presidenta de la Asociación de Pequeños Mineros de San Felipe, Patricia Beiza. Según la carta, “Enami vive hoy día una crisis muy preocupante, cuya responsabilidad recae en la falta de prioridad o maltrato que se la ha dado en distintos gobiernos”.
El fiscal nacional Ángel Valencia anunció este lunes la apertura de una investigación contra Ángela Vivanco, suspendida ministra de la Corte Suprema, por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial en el denominado caso muñeca bielorrusa. La causa estará bajo la responsabilidad de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien contará con el apoyo de un equipo especial de fiscales para llevar a cabo la indagatoria. Ante esto, en una conversación con CNN Chile, Valencia explicó que la decisión de investigar a Vivanco surgióa la luz de los antecedentes que han sido transmitidos en relación con la polémica resolución judicial que involucra a la empresa bielorrusa Belaz Movitec SpA y Codelco-CBM. Inicialmente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó determinó que la compañía extranjera debía pagar 20 millones de dólares a Codelco por incumplimiento de contrato. Sin embargo, cuando el caso fue revisado por la Tercera Sala de la Corte Suprema, presidida de forma extraordinaria por Vivanco, se dictaminó que era la minera estatal quien debía pagar 20 millones de dólares a los bielorrusos, más otros cinco millones para cubrir gastos adicionales. Asimismo, el Ministerio Público investigará a Vivanco por posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación judicial. No obstante, el fiscal Valencia dejó abierta la posibilidad de que la calificación jurídica del caso varíe conforme avancen las indagaciones y se esclarezcan los hechos. En respuesta, Codelco emitió un comunicado en el que afirmó que proporcionará al Ministerio Público todos los antecedentes necesarios sobre las irregularidades detectadas durante su juicio con Belaz Movitec. La empresa estatal expresó su compromiso de colaborar con los tribunales de justicia para esclarecer las anomalías en las resoluciones judiciales dictadas en contra de la corporación y anunció que evaluará nuevas acciones legales para defender sus intereses. Paralelamente, la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile informó este lunes que suspendió a Ángela Vivanco de sus funciones como docente, destacando la gravedad de los hechos y reafirmando su compromiso con los más altos estándares éticos en el ejercicio de la profesión.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha formulado dos cargos graves contra Codelco, titular de los proyectos “Mansa Mina”, “Modificación Mina Ministro Hales” y “Optimización de procesamiento División Ministro Hales”, asociados a la División Ministro Hales, ubicada en camino a Chuquicamata, comuna de Calama. Los cargos se derivan de la constatación de que la minera no ejecutó medidas ambientales relacionadas con el tranque Talabre. Estos proyectos incluyen la explotación del yacimiento de la División Ministro Hales, cuyos relaves, junto con los generados por la División Chuquicamata y la División Radomiro Tomic, se depositan en el tranque Talabre. La denuncia ciudadana de 2023 indicó que desde 2019, el tranque ha generado infiltraciones que podrían estar contaminando el acuífero del Río Loa y afectando el acuífero protegido de Yalquincha en Calama. La SMA llevó a cabo una fiscalización en mayo de 2017 y un examen de información en junio de 2023. Los cargos se basan en dos infracciones graves: No Implementación de Plan de Contingencias: La empresa no validó ni ejecutó un plan para controlar la alteración progresiva de los recursos hídricos subterráneos. Depositación de Relaves: La minera realizó depositaciones de relaves sin alcanzar el límite inferior fijado para el porcentaje de sólidos desde 2017 hasta 2024. Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente, destacó que “la labor de la Superintendencia es fiscalizar e impulsar el cumplimiento ambiental. Las empresas deben adoptar las condiciones, normas y medidas establecidas en los permisos ambientales” . Codelco enfrenta multas de hasta 5.000 UTA por cada infracción grave, con un riesgo total de hasta 10.000 UTA, equivalente a más de $7.908 millones. La empresa tiene 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y 15 días hábiles para formular sus Descargos. Codelco respondió a la formulación de cargos, afirmando que “recibimos con total seriedad y asignamos la mayor relevancia a la presentación de la Superintendencia del Medioambiente” . La minera se comprometió a analizar los antecedentes detalladamente y a cumplir con las exigencias de la autoridad y las expectativas de la comunidad. Además, reafirmó su compromiso de desarrollar una minería responsable con el medioambiente y de corregir cualquier brecha identificada.
La minera estadounidense Freeport-McMoRan ha dado a conocer un ambicioso plan de expansión para su operación en Chile, específicamente en el yacimiento de Minera El Abra, ubicado a 76 kilómetros al noroeste de Calama. En colaboración con Codelco, la compañía planea invertir la notable suma de 7.500 millones de dólares con el objetivo principal de extender la vida útil de este importante yacimiento cuprífero. Según lo reportado por el diario La Tercera, este proyecto se convertiría en la mayor inversión en el rubro minero en Chile después de la fase 2 de Quebrada Blanca. La inversión incluirá la construcción de una planta concentradora, una planta desaladora de agua de mar y un sistema de impulsión de agua desalada, componentes cruciales para la operación y sostenibilidad del proyecto. Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan Chile, ha señalado que están en proceso de preparar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual planean ingresar a fines de 2025. El tiempo estimado para obtener los permisos correspondientes y completar la construcción se proyecta entre siete y ocho años, anticipando que las operaciones podrían comenzar en 2033. El proyecto de expansión tiene como objetivo aumentar significativamente la producción de cobre, pasando de las actuales 98 mil toneladas anuales a 340 mil toneladas, lo que representa un incremento notable en la capacidad productiva de Minera El Abra. Freeport-McMoRan posee el 51% de la propiedad de la minera, mientras que el 49% restante pertenece a Codelco, con quien mantienen una relación de colaboración fluida. Según indicaciones de La Tercera, esta asociación ha sido fortalecida en los últimos meses, lo que facilitaría el avance y la implementación de este megaproyecto. A través de redes sociales, el presidente Gabriel Boric, también se ha pronunciado respecto a esta inversión, destacando la importancia de la relación entre Freeport-McMoRan, Codelco y el gobierno, así como el compromiso con las comunidades y el medio ambiente. La empresa Freeport McMoran, socia de nuestra CODELCO anuncia inversión de 7.500 millones de dólares en Chile, valoran relación con el gobierno y destacan importancia de relación con las comunidades y el entorno. Y algunos todavía insisten en que no nos importa el crecimiento.… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 24, 2024
En una pacífica, pero masiva marcha, pequeños mineros de distintas partes del país llegaron a Santiago para manifestar su total repudio a la posible venta de ENAMI a Codelco, su participación del 10% de Quebrada Blanca. En esta convocatoria nacional participaron asociaciones, sindicatos y trabajadores de la Región de Valparaíso, que incluyeron a Minera Cerro Negro, y las Asociaciones de Pequeños Mineros de San Felipe, Catemu, Cabildo y Petorca. El gremio se reunió con sus pares de Salamanca, Vallenar, Combarbalá, Illapel, Tal Tal, Chañaral, quienes en bloque marcharon a La Moneda en compañía de Jorge Riesco, presidente de la SONAMI, Sociedad Nacional de Minería, quien entregó una carta al Presidente Gabriel Boric, manifestando su rechazo. Maritza Baeza, gerente de Operaciones y Sustentabilidad de Minera Cerro Negro, manifestó su preocupación por lo que podría ocurrir si se concreta esta operación. “Estamos preocupados por las consecuencias que esto podría tener, porque la pequeña minería está perdiendo fuerza con este tipo de accionar, y la idea es lo contrario, fortalecer las bases de la pequeña minería. Es por eso que, desde las provincias mineras de la región de Valparaíso, estamos hoy para manifestar nuestro rechazo a la venta de Quebrada Blanca”, explicó Baeza. En la Plaza de la Constitución se realizó la arenga por parte del presidente de la SONAMI, antes de entregar la carta al presidente. “No vamos a dejar que se siga desmantelando a Enami porque con eso se desmantela la minería. Queremos respuestas para la minería y para el futuro. Queremos que a los pequeños mineros se los deje trabajar”, dijo Riesco. El conflicto podría agravarse si se concreta la venta, con lo cual los mineros expresaron que “se vendrían movilizaciones sociales importantes”. “Las autoridades como la ministra Williams debe tener claridad de lo que podría pasar, entendiendo el contexto social. Se viene el Día de la Minería en agosto, y de concretarse este negocio, el llamado es a no celebrar y estar de luto”, expresó la presidenta de la Asociación de Pequeños Mineros de San Felipe, Patricia Beiza. Según la carta, “Enami vive hoy día una crisis muy preocupante, cuya responsabilidad recae en la falta de prioridad o maltrato que se la ha dado en distintos gobiernos”.