En un contexto de creciente descontento por lo que consideran un debilitamiento de lo público y la invisibilización de sus demandas, la mesa del Sector Público, compuesta por 16 organizaciones afiliadas a la CUT, confirmó la convocatoria a un Paro Nacional Activo para este jueves 3 de abril. La movilización busca presionar para atender una serie de peticiones urgentes que afectan a los trabajadores y la ciudadanía en general. En la provincia de Los Andes, diversas agrupaciones y gremios han manifestado su apoyo a esta movilización. Desde la coordinadora local 3 de abril han enfatizado que los temas en discusión no solo afectan a los empleados del sector público, sino que tienen un impacto directo en las familias chilenas, lo que hace aún más relevante sumarse a la protesta. El petitorio presentado por los trabajadores incluye una serie de demandas que consideran esenciales para mejorar las condiciones laborales y el bienestar de la población. Entre los principales puntos se encuentra el fortalecimiento del sistema de salud pública para reducir las listas de espera, garantizando una atención oportuna y de calidad. Otro de los temas clave de la movilización es que el Estado tenga una mayor injerencia en los servicios básicos, como el agua, la electricidad y el transporte público. En ese punto, desde la coordinadora sostienen que estos elementos fundamentales para la vida diaria no deberían estar sujetos a la lógica del mercado. A nivel local, la manifestación comenzará con la convocatoria de los participantes a reunirse en dependencias del Colegio de Profesores a partir de las 9 de la mañana para iniciar con algunos conversatorios y momentos de reflexión, para luego a las 11 de la mañana salir en una marcha -ya autorizada- que los llevará hasta la plaza de armas donde se realizará un acto público.
Algunos ya sabían, otros se habían olvidado y otros tantos, se enteraron a medida que llegaban con la esperanza de recibir atención médica. Se trata de los usuarios del Centro de Salud Familiar Centenario en Los Andes, cuyo recinto se encuentra cerrado por una paralización de 72 horas convocada por la CONFUSAM. Una realidad que se repite en todos los centros de atención primaria dependientes de los municipios. Si bien muchos comprenden que la protesta busca mejoras que también beneficiarán a los usuarios, la molestia se hizo sentir. Personas que habían esperado durante semanas por una hora médica, que invirtieron dinero en transporte y tiempo que no tienen, para acudir al recinto. El caso de un paciente que debe asistir a curaciones día por medio refleja la gravedad de la situación. Sin alternativas inmediatas, quedó en una especie de limbo, sin la atención que requiere para su recuperación. Casos como este evidencian las consecuencias directas que el paro tiene en la comunidad, donde muchas personas no tienen otra opción de atención médica. La movilización es una medida de presión para exigir el cumplimiento de compromisos gubernamentales que, según los trabajadores de la salud, han sido postergados al punto de afectar el funcionamiento normal de los centros asistenciales. Dentro del petitorio de la CONFUSAM se incluyen demandas como el traspaso oportuno de recursos, el aumento del per cápita, mayor seguridad en los establecimientos de salud primaria y el pago de bonos comprometidos, como el incentivo al retiro y el desempeño difícil en sectores rurales y urbanos.
Comenzó marzo y con ello, las movilizaciones. Esta vez, se trata de los funcionarios de la Salud Pública Municipalizada, cuya organización, la CONFUSAM está convocando a un paro de 72 horas en rechazo al no cumplimiento de compromisos adquiridos desde el Gobierno. Según se comentó, el retraso en el traspaso de fondos impide el normal funcionamiento de los recintos y si bien, hoy en su mayoría existe una regulación, cabe la posibilidad de -por ejemplo- volver a tener problemas con el stock de medicamentos o insumos de uso diario. Por otro lado, rechazan el poco interés en reconocer asignaciones y bonificaciones contempladas en la Ley de reajuste, incluyendo el desempeño difícil urbano y rural. El paro de actividades se hará efectivo los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de marzo. Pero esta paralización también tiene un foco relevante en torno a la seguridad de los funcionarios, particularmente de la Atención Primaria, que lamentablemente se ven a diario, enfrentados a situaciones de riesgo. A esto se suma, el denominado incentivo al retiro. Hasta el cierre de esta edición, se confirmó que recintos como la UAPO, la Farmacia municipal, el Cesfam Segismundo Iturra, el Cecosf Padre Hugo Cornelissen, la Unidad Móvil de Salud y el Centro SER, en San Felipe; el Cesfam Centenario, la Farmacia comunal, el Cecosf Juan Pablo II, la Posta Río Blanco en Los Andes; el Centro de Salud Familiar José Joaquín Aguirre y la Posta Rural de San Vicente, ambos en Calle Larga, se sumarán a la paralización de 72 horas. Lo mismo en Catemu, Panquehue y Putaendo. En Rinconada en tanto, durante la jornada votarían la adhesión. En todos estos recintos eso sí, se garantizará la entrega de alimentos y medicamentos, que tengan fecha de retiro el mismo día, así mismo estará garantizada la atención médica de urgencia y la vacunación por la campaña de invierno. Foto: Dirigentes Asociación de Funcionarios Cesfam Centenario
Tras cuatro días de movilización, el paro nacional de los funcionarios de Gendarmería de Chile llegó a su fin este viernes, luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno. La paralización, que comenzó el lunes 18 de noviembre, fue impulsada por los sindicatos agrupados en el Frente de Trabajadores Penitenciarios, quienes exigían soluciones a problemas como el estancamiento en los ascensos dentro de la carrera funcionaria, la falta de equipamiento y otros recursos, demandas para las que se unieron cerca de 14 mil funcionarios. El Gendarme primero, Felipe Estobar, dirigente provincial de la ANFUP de Los Andes, explicó que “hay un trabajo de asensos en la planta dos, debido al gran número que somos de funcionarios de la planta de suboficiales y, con esto, se podrá que los colegas puedan tener una carrera digna y proyectarse a nuestro último escalafón, que es el grado máximo para nosotros como Suboficial Mayor”. “Luego de cuatro días de diferentes reuniones en conjunto con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, se llegó a un acuerdo cerca de las tres de la mañana, en el cual, mediante la Ley de Reajuste del sector público, se sostuvo el aumento de asensos para la planta II de Suboficiales de Gendarmería de Chile”, comentó el Gendarme primero. El acuerdo fue logrado tras intensas negociaciones entre representantes de Gendarmería y el Ministerio de Justicia, encabezadas por el ministro Jaime Gajardo y el subsecretario Ernesto Muñoz. Tras varios días de conversaciones, se alcanzaron compromisos concretos que incluyen un plan de ascensos para 3.900 funcionarios de la planta II de suboficiales y gendarmes, que comenzará a implementarse en marzo de 2025. Además, se estableció una bonificación por incentivo al retiro, con 300 cupos a disposición en los próximos tres años. Respecto a lo anterior, el Gendarme primero, Felipe Estobar, añadió que “esto condiciona a que el personal trabaje de forma más tranquila y que asuman las responsabilidades que les correspondan, según el grado al que ostenta hoy en día. Además, esto demuestra también el buen manejo que tuvimos, donde se sumaron los 14 mil funcionarios, lo que hace una presión tanto a los tribunales de justicia y también al régimen normal de las unidades penales, donde el Gobierno entendió que la seguridad que tiene Gendarmería de Chile es primordial a que esto se haya solucionado lo antes posible”, concluyó. Este acuerdo pone fin a una paralización que afectó la operación normal de Gendarmería en todo el país, permitiendo retomar funciones esenciales en los centros penitenciarios y en otras áreas de su responsabilidad. Aunque las movilizaciones cesaron, los gremios esperan que, con el paso del tiempo, se pueda seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales, con el fin de que se cumpla con los asensos correspondientes en el tiempo estimado de 30 años que dura la carrera.
La mañana de este lunes, las terminales de Viña del Mar y Valparaíso fueron escenario de aglomeraciones de pasajeros debido a una movilización de trabajadores de Turbus, que redujo drásticamente la oferta de servicios en la región. Según la empresa, la huelga es liderada por el Sindicato 2, que representa al 15% de la fuerza laboral de la compañía, y afecta principalmente las rutas hacia el norte del país. Ante esto, Turbus explicó que la paralización ha obligado a disminuir la frecuencia de los servicios y suspender aquellos que no pudieron ser puestos a la venta. Lamentablemente, los trabajadores del sindicato mantienen bloqueadas nuestras instalaciones, incluidas áreas clave como talleres, estacionamientos y zonas de carga de combustible, lo que impide la salida de los buses, señaló la empresa en una declaración pública. Como consecuencia, los pasajeros que no pudieron viajar serán compensados con el reembolso o el cambio de sus pasajes sin costo adicional, según lo soliciten en cualquier punto de venta. Finalmente, la huelga se desató luego de que no se alcanzara un acuerdo en la mediación ante la Inspección del Trabajo durante el proceso de negociación colectiva entre la empresa y el Sindicato 2, que agrupa a unos 400 conductores y auxiliares. La empresa aseguró que están haciendo todos los esfuerzos para restablecer los servicios con normalidad y minimizar las molestias para los usuarios.
En un contexto de creciente descontento por lo que consideran un debilitamiento de lo público y la invisibilización de sus demandas, la mesa del Sector Público, compuesta por 16 organizaciones afiliadas a la CUT, confirmó la convocatoria a un Paro Nacional Activo para este jueves 3 de abril. La movilización busca presionar para atender una serie de peticiones urgentes que afectan a los trabajadores y la ciudadanía en general. En la provincia de Los Andes, diversas agrupaciones y gremios han manifestado su apoyo a esta movilización. Desde la coordinadora local 3 de abril han enfatizado que los temas en discusión no solo afectan a los empleados del sector público, sino que tienen un impacto directo en las familias chilenas, lo que hace aún más relevante sumarse a la protesta. El petitorio presentado por los trabajadores incluye una serie de demandas que consideran esenciales para mejorar las condiciones laborales y el bienestar de la población. Entre los principales puntos se encuentra el fortalecimiento del sistema de salud pública para reducir las listas de espera, garantizando una atención oportuna y de calidad. Otro de los temas clave de la movilización es que el Estado tenga una mayor injerencia en los servicios básicos, como el agua, la electricidad y el transporte público. En ese punto, desde la coordinadora sostienen que estos elementos fundamentales para la vida diaria no deberían estar sujetos a la lógica del mercado. A nivel local, la manifestación comenzará con la convocatoria de los participantes a reunirse en dependencias del Colegio de Profesores a partir de las 9 de la mañana para iniciar con algunos conversatorios y momentos de reflexión, para luego a las 11 de la mañana salir en una marcha -ya autorizada- que los llevará hasta la plaza de armas donde se realizará un acto público.
Algunos ya sabían, otros se habían olvidado y otros tantos, se enteraron a medida que llegaban con la esperanza de recibir atención médica. Se trata de los usuarios del Centro de Salud Familiar Centenario en Los Andes, cuyo recinto se encuentra cerrado por una paralización de 72 horas convocada por la CONFUSAM. Una realidad que se repite en todos los centros de atención primaria dependientes de los municipios. Si bien muchos comprenden que la protesta busca mejoras que también beneficiarán a los usuarios, la molestia se hizo sentir. Personas que habían esperado durante semanas por una hora médica, que invirtieron dinero en transporte y tiempo que no tienen, para acudir al recinto. El caso de un paciente que debe asistir a curaciones día por medio refleja la gravedad de la situación. Sin alternativas inmediatas, quedó en una especie de limbo, sin la atención que requiere para su recuperación. Casos como este evidencian las consecuencias directas que el paro tiene en la comunidad, donde muchas personas no tienen otra opción de atención médica. La movilización es una medida de presión para exigir el cumplimiento de compromisos gubernamentales que, según los trabajadores de la salud, han sido postergados al punto de afectar el funcionamiento normal de los centros asistenciales. Dentro del petitorio de la CONFUSAM se incluyen demandas como el traspaso oportuno de recursos, el aumento del per cápita, mayor seguridad en los establecimientos de salud primaria y el pago de bonos comprometidos, como el incentivo al retiro y el desempeño difícil en sectores rurales y urbanos.
Comenzó marzo y con ello, las movilizaciones. Esta vez, se trata de los funcionarios de la Salud Pública Municipalizada, cuya organización, la CONFUSAM está convocando a un paro de 72 horas en rechazo al no cumplimiento de compromisos adquiridos desde el Gobierno. Según se comentó, el retraso en el traspaso de fondos impide el normal funcionamiento de los recintos y si bien, hoy en su mayoría existe una regulación, cabe la posibilidad de -por ejemplo- volver a tener problemas con el stock de medicamentos o insumos de uso diario. Por otro lado, rechazan el poco interés en reconocer asignaciones y bonificaciones contempladas en la Ley de reajuste, incluyendo el desempeño difícil urbano y rural. El paro de actividades se hará efectivo los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de marzo. Pero esta paralización también tiene un foco relevante en torno a la seguridad de los funcionarios, particularmente de la Atención Primaria, que lamentablemente se ven a diario, enfrentados a situaciones de riesgo. A esto se suma, el denominado incentivo al retiro. Hasta el cierre de esta edición, se confirmó que recintos como la UAPO, la Farmacia municipal, el Cesfam Segismundo Iturra, el Cecosf Padre Hugo Cornelissen, la Unidad Móvil de Salud y el Centro SER, en San Felipe; el Cesfam Centenario, la Farmacia comunal, el Cecosf Juan Pablo II, la Posta Río Blanco en Los Andes; el Centro de Salud Familiar José Joaquín Aguirre y la Posta Rural de San Vicente, ambos en Calle Larga, se sumarán a la paralización de 72 horas. Lo mismo en Catemu, Panquehue y Putaendo. En Rinconada en tanto, durante la jornada votarían la adhesión. En todos estos recintos eso sí, se garantizará la entrega de alimentos y medicamentos, que tengan fecha de retiro el mismo día, así mismo estará garantizada la atención médica de urgencia y la vacunación por la campaña de invierno. Foto: Dirigentes Asociación de Funcionarios Cesfam Centenario
Tras cuatro días de movilización, el paro nacional de los funcionarios de Gendarmería de Chile llegó a su fin este viernes, luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno. La paralización, que comenzó el lunes 18 de noviembre, fue impulsada por los sindicatos agrupados en el Frente de Trabajadores Penitenciarios, quienes exigían soluciones a problemas como el estancamiento en los ascensos dentro de la carrera funcionaria, la falta de equipamiento y otros recursos, demandas para las que se unieron cerca de 14 mil funcionarios. El Gendarme primero, Felipe Estobar, dirigente provincial de la ANFUP de Los Andes, explicó que “hay un trabajo de asensos en la planta dos, debido al gran número que somos de funcionarios de la planta de suboficiales y, con esto, se podrá que los colegas puedan tener una carrera digna y proyectarse a nuestro último escalafón, que es el grado máximo para nosotros como Suboficial Mayor”. “Luego de cuatro días de diferentes reuniones en conjunto con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, se llegó a un acuerdo cerca de las tres de la mañana, en el cual, mediante la Ley de Reajuste del sector público, se sostuvo el aumento de asensos para la planta II de Suboficiales de Gendarmería de Chile”, comentó el Gendarme primero. El acuerdo fue logrado tras intensas negociaciones entre representantes de Gendarmería y el Ministerio de Justicia, encabezadas por el ministro Jaime Gajardo y el subsecretario Ernesto Muñoz. Tras varios días de conversaciones, se alcanzaron compromisos concretos que incluyen un plan de ascensos para 3.900 funcionarios de la planta II de suboficiales y gendarmes, que comenzará a implementarse en marzo de 2025. Además, se estableció una bonificación por incentivo al retiro, con 300 cupos a disposición en los próximos tres años. Respecto a lo anterior, el Gendarme primero, Felipe Estobar, añadió que “esto condiciona a que el personal trabaje de forma más tranquila y que asuman las responsabilidades que les correspondan, según el grado al que ostenta hoy en día. Además, esto demuestra también el buen manejo que tuvimos, donde se sumaron los 14 mil funcionarios, lo que hace una presión tanto a los tribunales de justicia y también al régimen normal de las unidades penales, donde el Gobierno entendió que la seguridad que tiene Gendarmería de Chile es primordial a que esto se haya solucionado lo antes posible”, concluyó. Este acuerdo pone fin a una paralización que afectó la operación normal de Gendarmería en todo el país, permitiendo retomar funciones esenciales en los centros penitenciarios y en otras áreas de su responsabilidad. Aunque las movilizaciones cesaron, los gremios esperan que, con el paso del tiempo, se pueda seguir avanzando en la mejora de las condiciones laborales, con el fin de que se cumpla con los asensos correspondientes en el tiempo estimado de 30 años que dura la carrera.
La mañana de este lunes, las terminales de Viña del Mar y Valparaíso fueron escenario de aglomeraciones de pasajeros debido a una movilización de trabajadores de Turbus, que redujo drásticamente la oferta de servicios en la región. Según la empresa, la huelga es liderada por el Sindicato 2, que representa al 15% de la fuerza laboral de la compañía, y afecta principalmente las rutas hacia el norte del país. Ante esto, Turbus explicó que la paralización ha obligado a disminuir la frecuencia de los servicios y suspender aquellos que no pudieron ser puestos a la venta. Lamentablemente, los trabajadores del sindicato mantienen bloqueadas nuestras instalaciones, incluidas áreas clave como talleres, estacionamientos y zonas de carga de combustible, lo que impide la salida de los buses, señaló la empresa en una declaración pública. Como consecuencia, los pasajeros que no pudieron viajar serán compensados con el reembolso o el cambio de sus pasajes sin costo adicional, según lo soliciten en cualquier punto de venta. Finalmente, la huelga se desató luego de que no se alcanzara un acuerdo en la mediación ante la Inspección del Trabajo durante el proceso de negociación colectiva entre la empresa y el Sindicato 2, que agrupa a unos 400 conductores y auxiliares. La empresa aseguró que están haciendo todos los esfuerzos para restablecer los servicios con normalidad y minimizar las molestias para los usuarios.
