A un mes del inicio del año escolar 2025, los docentes afiliados al Colegio de Profesores protagonizaron este martes su tercer paro de actividades. La primera movilización fue a nivel nacional por hechos de violencia en las aulas; la segunda, en apoyo al llamado de la CUT; y esta última, convocada a nivel comunal, responde -según señalan- a la precariedad y falta de insumos pedagógicos que dificultan el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. La nula mantención de equipos data y aire acondicionado, la falta de reparación en techumbres y baños, así como la escasez de insumos básicos como papelería, tintas, tóner, impresoras, material pedagógico y artículos de aseo, son parte de las deficiencias denunciadas por los docentes. Esta situación ha llevado –afirman- a que tanto profesores como asistentes deban recurrir a sus propios recursos para cubrir necesidades mínimas en el funcionamiento diario de los establecimientos. Desde el municipio, sostenedor de la educación pública, reconocen retrasos en la adquisición de insumos, aunque el alcalde asegura que gran parte de los problemas ya fueron resueltos y que los temas más complejos se encuentran actualmente en proceso de solución. Las posturas, sin embargo, son contrapuestas. Mientras desde el Magisterio advierten que las deficiencias podrían estar relacionadas con el eventual traspaso de la educación municipal de Los Andes al SLEP -lo que, según dicen, ha llevado a que asumir responsabilidades se vea como un simple trámite-, desde el municipio esperaban que, como en años anteriores, estos temas se abordaran mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones, sin llegar a una paralización que termina afectando directamente a los estudiantes. En esta ocasión, la movilización también contó con la participación de los asistentes de la educación, quienes, si bien respaldan las demandas del gremio docente por la falta de implementos básicos en los establecimientos, centraron su protesta en la creciente violencia escolar. Se trató de una paralización parcial y de solo un día, que involucró a docentes y asistentes de los liceos Max Salas, América, Amancay, República Argentina, CEIA, y de las escuelas Gabriela Mistral, Ferroviaria, John Kennedy y José Miguel Carrera. En contraste, las escuelas España, Ignacio Carrera Pinto, Río Blanco, El Sauce y Valle Andino funcionaron con total normalidad.
Bajo el lema “Que educar no nos cueste la vida”, el Colegio de Profesores convocó para este lunes a un paro nacional en respuesta a la creciente violencia en los colegios, donde docentes han sido víctimas de agresiones. La movilización se hizo efectiva desde el mediodía y estuvo acompañada de jornadas de reflexión en distintos establecimientos. La principal demanda del gremio es la revisión de los programas de inclusión, que, según denuncian, no están funcionando debido a la falta de recursos adecuados. A nivel local, en la comuna de Los Andes, también se han registrado hechos de violencia bajo este contexto de educación inclusiva. Un caso que generó gran preocupación ocurrió a finales del año académico 2024, cuando una docente y dirigente del Colegio de Profesores fue atacada por un estudiante con condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA). A pesar del incidente, la profesora asegura que no culpa al alumno, pero reconoce que el temor es ahora parte de su día a día. La problemática de la violencia escolar no es nueva, pero ha ido en aumento en los últimos años. Según los docentes, esta crisis responde a múltiples factores: la realidad que enfrentan los jóvenes, la poca tolerancia a la frustración y la forma en que se resuelven los conflictos. A esto se suma el estrés de permanecer ocho horas diarias en el colegio, una carga mayor incluso que la de una jornada laboral. Además, el sistema educativo no ha logrado cumplir con los objetivos planteados en la Jornada Escolar Completa, lo que agrava la situación. El Colegio de Profesores insiste en que el problema no es la inclusión en sí, sino la falta de herramientas para implementarla de manera efectiva. En esa lógica señalaron que los programas deben garantizar condiciones adecuadas para todos, tanto para los estudiantes como para los docentes. En este sentido, la movilización buscó presionar a las autoridades para que destinen mayores recursos y ajusten las políticas educativas a la realidad actual. FOTO: ARCHIVO VTV
A un mes del inicio del año escolar 2025, los docentes afiliados al Colegio de Profesores protagonizaron este martes su tercer paro de actividades. La primera movilización fue a nivel nacional por hechos de violencia en las aulas; la segunda, en apoyo al llamado de la CUT; y esta última, convocada a nivel comunal, responde -según señalan- a la precariedad y falta de insumos pedagógicos que dificultan el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. La nula mantención de equipos data y aire acondicionado, la falta de reparación en techumbres y baños, así como la escasez de insumos básicos como papelería, tintas, tóner, impresoras, material pedagógico y artículos de aseo, son parte de las deficiencias denunciadas por los docentes. Esta situación ha llevado –afirman- a que tanto profesores como asistentes deban recurrir a sus propios recursos para cubrir necesidades mínimas en el funcionamiento diario de los establecimientos. Desde el municipio, sostenedor de la educación pública, reconocen retrasos en la adquisición de insumos, aunque el alcalde asegura que gran parte de los problemas ya fueron resueltos y que los temas más complejos se encuentran actualmente en proceso de solución. Las posturas, sin embargo, son contrapuestas. Mientras desde el Magisterio advierten que las deficiencias podrían estar relacionadas con el eventual traspaso de la educación municipal de Los Andes al SLEP -lo que, según dicen, ha llevado a que asumir responsabilidades se vea como un simple trámite-, desde el municipio esperaban que, como en años anteriores, estos temas se abordaran mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones, sin llegar a una paralización que termina afectando directamente a los estudiantes. En esta ocasión, la movilización también contó con la participación de los asistentes de la educación, quienes, si bien respaldan las demandas del gremio docente por la falta de implementos básicos en los establecimientos, centraron su protesta en la creciente violencia escolar. Se trató de una paralización parcial y de solo un día, que involucró a docentes y asistentes de los liceos Max Salas, América, Amancay, República Argentina, CEIA, y de las escuelas Gabriela Mistral, Ferroviaria, John Kennedy y José Miguel Carrera. En contraste, las escuelas España, Ignacio Carrera Pinto, Río Blanco, El Sauce y Valle Andino funcionaron con total normalidad.
Bajo el lema “Que educar no nos cueste la vida”, el Colegio de Profesores convocó para este lunes a un paro nacional en respuesta a la creciente violencia en los colegios, donde docentes han sido víctimas de agresiones. La movilización se hizo efectiva desde el mediodía y estuvo acompañada de jornadas de reflexión en distintos establecimientos. La principal demanda del gremio es la revisión de los programas de inclusión, que, según denuncian, no están funcionando debido a la falta de recursos adecuados. A nivel local, en la comuna de Los Andes, también se han registrado hechos de violencia bajo este contexto de educación inclusiva. Un caso que generó gran preocupación ocurrió a finales del año académico 2024, cuando una docente y dirigente del Colegio de Profesores fue atacada por un estudiante con condición de Trastorno del Espectro Autista (TEA). A pesar del incidente, la profesora asegura que no culpa al alumno, pero reconoce que el temor es ahora parte de su día a día. La problemática de la violencia escolar no es nueva, pero ha ido en aumento en los últimos años. Según los docentes, esta crisis responde a múltiples factores: la realidad que enfrentan los jóvenes, la poca tolerancia a la frustración y la forma en que se resuelven los conflictos. A esto se suma el estrés de permanecer ocho horas diarias en el colegio, una carga mayor incluso que la de una jornada laboral. Además, el sistema educativo no ha logrado cumplir con los objetivos planteados en la Jornada Escolar Completa, lo que agrava la situación. El Colegio de Profesores insiste en que el problema no es la inclusión en sí, sino la falta de herramientas para implementarla de manera efectiva. En esa lógica señalaron que los programas deben garantizar condiciones adecuadas para todos, tanto para los estudiantes como para los docentes. En este sentido, la movilización buscó presionar a las autoridades para que destinen mayores recursos y ajusten las políticas educativas a la realidad actual. FOTO: ARCHIVO VTV
