En Los Andes lanzan la nueva Política Nacional Inspectiva
Esta iniciativa busca modernizar la fiscalización laboral, utilizando tecnología avanzada para hacerla más ágil y eficiente, beneficiando tanto a trabajadores como a empleadores.
Fue el 22 de abril, que la Dirección del Trabajo presentó su nueva Política Nacional Inspectiva, una iniciativa que busca transformar la fiscalización laboral en Chile, con miras a su implementación a partir de enero de 2025. Este programa, considerado pionero en el sistema de fiscalización iberoamericano, se enfoca en crear un sistema más ágil, tecnológico y predictivo que dará garantías a trabajadores, organizaciones sindicales y empleadores.
La presentación tuvo lugar en la ciudad de Los Andes, en la sede del sindicato de trabajadores de Codelco Chile-División Andina, oportunidad donde participaron representantes de diversos sectores, incluyendo salud, minería, agricultura, comercio, entre otros.
La nueva política se fundamenta en la necesidad expresada por los trabajadores de contar con un sistema más eficiente. Entre sus características se encuentra el Sistema de Gestión Inspectiva, que utilizará herramientas tecnológicas avanzadas para la recolección de datos en tiempo real. El SGI permitirá funciones como geolocalización, transcripción de investigaciones, procesamiento de documentos adjuntos y notificación inmediata al finalizar visitas de inspección. La actividad buscó poder transmitir información relevante, asegurar que la nueva política sea comprendida, para luego bajarlo a los demás trabajadores, facilitando así su difusión.
La última actualización realizada en esta organización fiscalizadora fue en el año 2011, siendo considerada una de las más retrasadas en el ámbito tecnológico. Es por esto que la nueva herramienta promete mejorar la eficiencia y productividad en los procesos de fiscalización, además de simplificar los canales de denuncias para los trabajadores, reduciendo los tiempos de respuesta y homogeneizando la revisión de las denuncias. Para los empleadores, se prevé también que la nueva política facilite la comunicación con los funcionarios encargados de la fiscalización.
