Una opción a largo plazo es semaforizar, pero también existen otras opciones para reducir la congestión.
Pero ahí aparece otro conflicto y es que más allá de generar conciencia de la importancia de la locomoción colectiva, sería relevante hacer cumplir las normativas vigentes. Con la aparición del coronavirus y en su momento las restricciones de movilidad y cuarentenas, se redujeron al mínimo los recorridos de las micros y los colectivos interprovinciales también bajaron su frecuencia. Eso se mantiene hasta hoy y las consecuencias hoy, son graves.
Pero tampoco es un problema de ahora… que se ve acrecentado por el acostumbramiento de los últimos dos años, claro. Sin embargo, en zonas rurales, el tema es histórico.
Pero en el caso de las zonas aisladas y rurales, también es cierto que, para una empresa dedicada a la locomoción colectiva, no es rentable asumir largos trayectos con los costos que eso implica, versus la cantidad de usuarios. Ahí es donde entonces surge la necesidad de buscar fórmulas de apoyo por parte del Estado, tal como ocurre con la subvención al Transantiago, esa que pese a tener cierta compensación económica para regiones, en Los Andes al menos, solo se ha plasmado visiblemente en la construcción de unos cuantos paraderos de piedra.